El Proyecto de Real Decreto de Receta Médica, que el pasado diciembre inició su trámite de audiencia, ya ha recibido el primer vistazo de representantes de la botica. A la espera de dar forma a las pertinentes alegaciones, todos coinciden en una cosa: la nueva norma confiere a la farmacia ciertas competencias que no podría ejecutar actualmente por falta de medios.

"La Administración delega en nosotros una serie de funciones y capacidades para las que no disponemos de herramientas. Un ejemplo es la obligatoriedad de que el farmacéutico compruebe en ciertos casos la legitimidad de la receta (art. 15) o de que identifique al paciente con algún documento acreditativo ante pérdida o sustracción de la tarjeta sanitaria (art. 7)", señala a CF Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), quien reitera la necesidad de que el boticario pueda acceder a todo los datos el historial farmacoterapéutico para así garantizar una correcta AF.

Un punto que amplía el debate
Otro punto conflictivo para Redondo es el que otorga al farmacéutico la capacidad de dar un medicamento fuera del plazo establecido por el médico "por motivos excepcionales de urgencia o emergencia", hecho que el farmacéutico deberá reflejar y refrendar con su firma en la receta: "Si no se aclara más ese punto y no se nos permite el acceso al historial será difícil detectar este tipo de casos en algunos pacientes". Muy ligado a este punto de debate se encuentra la propuesta de regular la dispensación excepcional, medida que ya ha sido rechazada en el Congreso y que, según el Partido Popular, puede ser regulada por una decisión administrativa de Sanidad.

María Jesús Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), coincide en que este punto también "debe ser analizado a fondo", sobre todo porque, "al final, podría terminar traduciéndose en devoluciones de recetas" que perjudicarían a la oficina de farmacia. Asegura que "aún es pronto para entrar a valorar a fondo el documento", aunque adelanta a CF que los miembros de su Junta Directiva ya han comenzado a hacer "un análisis exhaustivo del documento con el fin de poner en común los puntos más importantes y elaborar las pertinentes alegaciones".

Sin embargo, no oculta que, "tras una lectura inicial, queda claro que la regulación de la e-receta debería ser aprovechada para darle acceso al farmacéutico a algo más que la medicación del paciente", sobre todo porque eso permitiría una mayor y mejor capacidad asistencial desde las boticas.

¿Nuevas vías de dispensación?
Otro punto conflictivo en el que algunos agentes coinciden es el que, supuestamente, daría acceso a una dispensación de fármacos fuera de las oficinas de farmacia y de los centros hospitalarios. "El artículo 1, al definir la receta, señala que se podrá dispensar, además de las boticas, en otros establecimientos sanitarios o unidades asistenciales, lo que podría abrir las puertas para que se dispense desde los ambulatorios; algo que nunca deberíamos permitir", señala a CF Fernando Grande, jurista sanitario y presidente del COF de Córdoba.

Fernando Redondo también hace una lectura similar de este apartado, el cual tacha de "muy grave" y sobre el que matiza: "No podemos tolerar que se permita una dispensación de medicamentos desde los centros de salud; entiendo que aquí lo que se está buscando es meter con este Real Decreto algo que en ningún momento queda recogido ni contemplado en la Ley de Garantías".