El borrador de la nueva orden de precios de referencia, que espera publicarse a principios de septiembre, y que ahorrará al sistema sanitario 1.537 millones de euros, ha vuelto a recibir críticas de la industria por utilizar para el cálculo de los precios de referencia de los productos el precio de medicamentos que están autorizados, pero que no están comercializados en el país, con el riesgo que eso entraña de que se esté forzando irrealmente a la baja el precio de los medicamentos afectados por la nueva norma.