La Xunta se cobró ayer un primer triunfo en la batalla abierta con el Gobierno central a propósito de los fármacos en la sanidad pública. Pero el auto que dictó ayer del Tribunal Constitucional levantando la suspensión del catálogo de medicamentos aprobado por la Xunta con el objetivo de recortar la factura farmacéutica que abona anualmente el Servizo Galego de Saúde -unos 1.200 millones de euros-, no ha puesto fin a la batalla.

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