Lo hizo el año pasado con la ley de cajas y lo repite ahora con los medicamentos. El Parlamento gallego ha salido en defensa de su capacidad normativa, decidido a plantarle cara al Gobierno de Zapatero y a su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica que alumbró un catálogo priorizado de medicamentos con el que la Xunta se proponía rebajar en un 10% el gasto público en recetas, factura que en el año 2010 superó la cifra de los 931 millones de euros.

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