La pretensión de la Junta de imponer subastas públicas de medicamentos para reducir el gasto farmacéutico se ha encontrado con la oposición de los Colegios de Farmacéuticos Andaluces, que ven la medida «ilegal» y que, además, no mejora la calidad de la prestación, al entender que la administración mide el beneficio de esos medicamentos no por los efectos en la salud del paciente, sino por el ahorro económico que genere.

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