El Estado gastó el año pasado 12.500 millones de euros, una quinta parte de todo el presupuesto sanitario, en subvencionar los medicamentos que consumen los ciudadanos. El reciente pacto sanitario entre el Gobierno y las autonomías prevé ahorrar 1.500 millones de euros en esa factura. La solución acordada, básicamente abaratar el precio de los fármacos sufragados con dinero público, ha dejado al margen a dos actores fundamentales para contener el derroche: los médicos y los farmacéuticos. Su margen de arbitrariedad a la hora de recetar y dispensar, respectivamente, medicamentos de idéntica utilidad pero distinto precio, no ayuda a frenar la hemorragia en el gasto farmacéutico.

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