Cada plan de gestión diseñado por los responsables de la administración sanitaria pública otea la contención del gasto farmacéutico. No es nada nuevo, sino una premisa que figura en la hoja de ruta anual de quienes se encargan de dirigir la política asistencial autonómica desde que se produjo el traspaso de competencias. La crisis (no podía ser otra razón) ha agudizado este propósito de control.